Informe de Labores de la Contraloría General de la República 2025 (Resumen)

Resumen ejecutivo

Este informe documenta la gestión de la Contraloría General de la República (CGR) durante 2025, con el fin de rendir cuentas a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y el valor generado en la fiscalización de la Hacienda Pública. El documento destaca el aumento en la atención de denuncias ciudadanas (70,58 % más que en 2024), la emisión de disposiciones y órdenes vinculantes, y los esfuerzos por mantener la calidad del servicio a pesar de una reducción real del presupuesto institucional desde 2013. Se reportan beneficios cuantificables por ₡597,87 mil millones derivados de la fiscalización, equivalentes a ₡7,66 por cada colón invertido. La CGR enfrenta desafíos presupuestarios, de retención de talento y de mejora en la eficacia de las entidades fiscalizadas.

Objetivo fundamental

El informe cumple con el deber constitucional de rendición de cuentas (artículos 11 y 184 de la Constitución Política) y demuestra cómo la fiscalización superior aporta valor público concreto a la ciudadanía, mediante la vigilancia de la Hacienda Pública, la asesoría a la Asamblea Legislativa y la promoción de buenas prácticas en la gestión estatal.

Contexto actual

La CGR opera en un entorno complejo: el presupuesto institucional ha decrecido en términos reales desde 2013, mientras la demanda de servicios (denuncias, recursos de objeción, consultas legislativas) ha aumentado significativamente. La estructura de gasto es rígida (91,5 % en remuneraciones), lo que limita la inversión en tecnología y mejora continua. Pese a ello, la institución mantiene altos estándares de calidad, reconocimiento internacional y certificaciones ambientales, y continúa su transformación digital con recursos limitados.

Principales resultados de la gestión 2025

1. Desempeño estratégico y corporativo

• Se avanzó en el Plan Estratégico Institucional 2021-2026, con énfasis en transformación digital, cohesión organizacional (86,71 % de cumplimiento de meta) y gestión de riesgos.
• La CGR se sometió voluntariamente a estándares internacionales: ISSAI 140 (control de calidad) y el Marco de Medición del Desempeño de Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS).
• Se realizó una valoración de riesgos estratégicos con la alta dirección y se fortaleció el análisis de riesgos para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

2. Auxilio legislativo

• Se atendieron 263 solicitudes de asesoría sobre proyectos de ley (258 resueltas, 5 en proceso).
• Se emitieron 23 opiniones en audiencias legislativas (frente a 20 en 2024).
• Se alertó sobre riesgos fiscales en proyectos como la Ley Marco para el Fortalecimiento de la Educación como Derecho Fundamental (expediente 25.056) y se realizaron observaciones a reformas de la Ley General de Contratación Pública (expedientes 23.957 y 24.821).
• Se advirtió sobre plazos reducidos sin sustento técnico en el expediente 25.214.

3. Fiscalización y valor público

• Cobertura de servicios públicos críticos: se alcanzó un 94 % de cobertura acumulada (meta: 94 %), con un estudio sobre vivienda.
• Plazo de auditorías especiales: promedio de 6,26 meses (meta: máximo 7 meses).
• Análisis presupuestario: se tramitaron documentos presupuestarios iniciales y extraordinarios; se identificaron fallas en ingresos (transferencias no incorporadas) y gastos (creación de plazas sin viabilidad financiera, ajustes salariales por encima del 2,4 %).
• Valor público cuantitativo: se identificaron beneficios acumulados por ₡597,87 mil millones (disposiciones y órdenes). Por cada colón invertido en fiscalización se obtuvo ₡7,66 de beneficio para la Hacienda Pública.
• Disposiciones y órdenes: se emitieron instrumentos vinculantes; sin embargo, solo el 27,7 % de las instituciones fiscalizadas alcanzó niveles altos de eficacia en su implementación (Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública, ICM). El 85 % de entidades requirió ampliaciones de plazo, con demoras promedio de 190 días.
• Denuncias: se recibieron 1.699 denuncias (70,58 % más que en 2024). Se admitieron 299 (16,86 % en términos relativos, menor que 2024 pero mayor en cifras absolutas). Se cerraron 306 investigaciones (146 generaron productos de fiscalización).
• Fiscalización jurídica: la CGR participó en 226 procesos judiciales como demandada y en 22 como demandante. Se impusieron 652 sanciones, de las cuales 261 fueron de suspensión (43,40 % más que en 2024).
• Ofícios preventivos: se emitieron dos oficios sobre prohibición de contratar pólizas de responsabilidad civil con fondos públicos y verificación de impedimentos del personal.

4. Contratación pública

• Resoluciones de objeción a cartel: se emitieron 1.361 resoluciones; solo el 37 % se realizó en menos de 8 días hábiles (meta 66 %). El aumento de recursos (2.293 recibidos) y su complejidad dificultaron cumplir la meta.
• Implementación de la Ley General de Contratación Pública (LGCP): se alcanzó un 71,4 % de implementación (meta 60 %), frente al 48,5 % del diagnóstico inicial de 2022.
• Se incorporaron herramientas de inteligencia artificial para apoyar el trabajo legal, sin sustituir el criterio profesional.

5. Fortalecimiento de auditorías internas y aprendizaje

• Se actualizaron lineamientos para auditorías internas (idoneidad, dotación mínima de recursos).
• Se desarrollaron dos guías técnicas sobre prevención de irregularidades y ciclo presupuestario de gobiernos locales.
• Se suscribió un convenio con el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.
• La Estrategia Potenciar brindó acompañamiento técnico a 121 participantes en 13 iniciativas.
• Se impartieron cursos con 890 participantes (565 aprobados, 63,48 %).
• Se realizó el 13° Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública.

6. Gestión financiera y humana

• Ejecución presupuestaria del 97,48 % (¢19.903,37 millones ejecutados de ¢20.399,40 millones asignados).
• El presupuesto real ha decrecido desde 2013; el peso de remuneraciones es del 91,5 %.
• Se priorizó la inversión en tecnología (de 2,58 % del presupuesto en 2020 a 3,76 % en 2025).
• La CGR cuenta con 705 plazas (59,28 % mujeres, 40,72 % hombres).
• No se han otorgado ajustes salariales técnicos desde 2015, lo que genera riesgo de retención de talento.
• Se mantienen modalidades de trabajo híbrido y horarios flexibles.

7. Compromiso ambiental y proyección ciudadana

• Mejor desempeño ambiental entre instituciones públicas (nota 103 en PGAI).
• Galardón Bandera Azul Ecológica con 8 estrellas (máxima calificación).
• Certificación Carbono Neutralidad Plus por séptimo año consecutivo.
• Proyectos de paneles solares, sustitución vehicular eléctrica y aprovechamiento de agua pluvial.
• Eventos abiertos a la comunidad como ExpoVerde.

8. Posicionamiento internacional

• Participación como especialistas en 4 iniciativas internacionales (EFS de América Latina y el Caribe, y global).
• 14 invitaciones como expositores en foros globales.
• Premios: Leveraging on Technological Advancement (uso de tecnología en auditoría), Gender Responsive Auditing (perspectiva de género) y mención de honor por auditoría de desempeño.

9. Acceso a la información

• Se tramitaron 202 requerimientos de información (Ley 10.554).
• Se mantiene el apartado "CGR Transparente" con verificación cuatrimestral.
• Se implementó el nivel de conformidad “A” de la Directriz 051-MTSS-MICITT.

Disposiciones transitorias

No aplica (el documento no contiene disposiciones transitorias).

Limitaciones o exclusiones

No se identifican exclusiones explícitas en el informe. La CGR señala que su presupuesto no ha crecido y que el 91,5 % se destina a remuneraciones, lo que limita la inversión en otras áreas, pero no se mencionan exclusiones de su ámbito de acción.

Análisis de riesgos

• Riesgo presupuestario: La tendencia decreciente del presupuesto real (desde 2013) amenaza la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en tecnología y retención de talento. La institución ha priorizado recursos, pero la sostenibilidad depende de decisiones de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Hacienda.
• Riesgo de eficacia de las disposiciones: Solo el 27,7 % de las instituciones alcanzó niveles altos de eficacia en la implementación de órdenes y disposiciones; el 85 % solicitó prórrogas (promedio 190 días). Esto sugiere debilidad institucional para mejorar y retrasa los beneficios para la ciudadanía.
• Riesgo operativo por aumento de demanda: El incremento de denuncias (70,58 %) y recursos de objeción (2.293) sin recursos adicionales ha requerido que otras áreas asuman más trabajo, impactando otros procesos de control y alargando plazos de resolución.
• Riesgo de fuga de talento: La falta de ajustes salariales desde 2015 y la pérdida de competitividad frente a otras instituciones pueden provocar la salida de personal clave.
• Riesgo de dependencia tecnológica: La transformación digital y la ciberseguridad son prioritarias, pero el presupuesto limitado compromete la inversión necesaria para mantener infraestructura actualizada.

Glosario de términos

• CGR: Contraloría General de la República, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa encargado de la vigilancia de la Hacienda Pública.
• Hacienda Pública: Conjunto de bienes, ingresos y obligaciones del Estado y sus instituciones.
• ISSAI: Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (International Standards of Supreme Audit Institutions).
• MMD-EFS: Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, herramienta para evaluar la gestión de estas entidades.
• NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que regulan la presentación de estados financieros gubernamentales.
• ICM: Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública, indicador que mide la eficacia y eficiencia de las instituciones en atender órdenes y disposiciones de la CGR.
• SCII: Sistema de Control Interno Institucional, conjunto de políticas y procedimientos para asegurar el logro de objetivos con eficiencia y transparencia.
• SPC: Servicios Públicos Críticos, aquellos esenciales para el bienestar de la ciudadanía (educación, salud, vivienda, etc.).
• LGCP: Ley General de Contratación Pública, que regula las compras del Estado.
• ENIPC: Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción.
• PGAI: Programa de Gestión Ambiental Institucional, del Ministerio de Ambiente y Energía.

Información Adicional

• Datos cuantitativos clave: Beneficios acumulados por fiscalización: ₡597,87 mil millones (2021-2025). Relación beneficio/costo: 7,66. Denuncias recibidas en 2025: 1.699. Sanciones impuestas: 652 (261 suspensiones). Recursos de objeción: 2.293 recibidos, 1.361 resueltos.
• Premios internacionales 2025: Premio del programa Leveraging on Technological Advancement (uso de tecnología en auditoría), premio del programa Gender Responsive Auditing (perspectiva de género), y mención de honor por calidad e innovación en auditoría de desempeño.
• Reconocimiento ambiental: La CGR obtuvo la nota máxima (103) en el PGAI y fue reconocida como una de las dos instituciones públicas con mejor desempeño ambiental, compartiendo el primer lugar con el Área de Conservación Central del SINAC.
• Auditoría Interna: Durante 2025 se ejecutó el 98 % del presupuesto asignado a la Auditoría Interna; se realizaron seguimientos a recomendaciones y se implementaron mejoras basadas en evaluaciones de calidad.