La sesión plenaria extraordinaria N.º 1 del 27 de mayo de 2026, con 56 diputados presentes, estuvo enteramente dominada por el intento —fallido por séptima, octava y novena vez— de elegir a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Tras más de un año de retraso en el proceso, la Asamblea no logró que ninguno de los 18 candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia alcanzara los 38 votos requeridos.
La mayoría de los aspirantes obtuvieron entre 16 y 26 votos en cada ronda, mientras que los votos en blanco sumaron más de 270 por ronda, lo que desató un agrio debate sobre si esas abstenciones constituyen un bloqueo deliberado que perjudica directamente a la ciudadanía.
La discusión se centró en si la falta de acuerdo representa un "sabotaje" a la justicia.
La diputada Claudia Dobles Camargo sostuvo que "hay un plan" y que "el oficialismo está bloqueando y boicoteando un proceso que es necesario", advirtiendo que se "están comprometiendo los amparos de los costarricenses para esperar un nombre de un amigo o una amiga".
En la misma línea, la diputada Abril Gordienko López afirmó que "es el pueblo costarricense el que si la Sala Constitucional en algún momento no puede sesionar...
las personas pueden quedar desamparadas" y lamentó que "una parte de este Congreso les falló", señalando que la sesión "costó millones de colones a los costarricenses" sin lograr un solo nombramiento.
Desde el oficialismo, el diputado Wilson Alfredo Jiménez Cordero rechazó las acusaciones: "Me parece una falta de respeto que la oposición quiera exigirnos que nosotros votemos por personas en las cuales no confiamos, no conocemos".
Por su parte, el diputado Nogui Acosta Jaén defendió que la falta de acuerdo es una potestad legítima de la Asamblea y que "si no hay acuerdo, no se va a elegir a nadie", sugiriendo que se devuelva la nómina a la Corte para que proponga nuevos nombres.
El diputado José Miguel Villalobos Umaña también discrepó de la interpretación de Dobles, recordando que desde la reforma constitucional "se requieren acuerdos y consensos para nombrar propietarios y suplentes", y calificó de "demagógico" acusar a las fracciones de querer nombrar "amigotes".
El ambiente de la sesión fue de confrontación abierta, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, interrupciones y reclamos sobre la interpretación del reglamento.
La presidenta, Yara Jiménez Fallas, logró mantener el orden, aunque el tono se elevó.
Pese a que varios diputados —como Álvaro Ramírez Bogantes— llamaron al diálogo para "garantizarle a Costa Rica una respuesta efectiva", la sesión cerró sin avances y con el anuncio de que el tema pasará a la junta de jefes de fracción.
El contrapeso político quedó evidenciado en la disputa sobre la legitimidad de la abstención, pero sin que ninguna de las partes lograra imponer una salida, dejando en vilo el funcionamiento de la Sala Constitucional y la atención de miles de amparos ciudadanos.
