La sesión ordinaria N.º 10 del 14 de mayo de 2026, con 53 diputados presentes, estuvo dominada por una intensa polémica en torno a la resolución de la presidencia de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, de archivar el procedimiento disciplinario por acoso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado.
La presidenta Jiménez resolvió que, al haber finalizado el periodo constitucional de Alvarado el 30 de abril, la Asamblea perdía la potestad de sancionarlo, basándose en un criterio del Departamento de Servicios Técnicos que indicaba que "la potestad disciplinaria solo puede ejercerse mientras exista la relación de servicio o el vínculo con la función pública".
Esta decisión generó un extenso debate, con apelaciones y revisiones que fueron rechazadas por 29 votos contra 24 y luego 29 contra 25, respectivamente.
La mayoría que apoyó a la presidencia estuvo conformada por las bancadas oficialistas de Pueblo Soberano y el Partido Progreso Social Democrático, junto a otros aliados.
Durante el debate, varias diputadas y diputados de oposición calificaron la resolución como un acto de impunidad.
La diputada Claudia Dobles afirmó que "es absolutamente falso y contra toda normativa que este Plenario no puede dar conocimiento y votación al proceso", citando un criterio del Departamento Legal que sostenía que los informes "pueden seguir su trámite ordinario en el Plenario legislativo a pesar de que el señor Fabricio Alvarado ya no se encuentra acreditado ni activo como diputado".
La diputada María Eugenia Román calificó la resolución de "totalmente espuria y totalmente sinvergüenza", mientras que el diputado Álvaro Ramírez apeló a la conciencia: "No sé por qué esta obsesión de defender a Fabricio Alvarado...
Una persona que fue acusada de acoso sexual por la propia presidenta de la República, por la presidenta que ustedes llevaron a la silla presidencial".
En contraste, el diputado Nogui Acosta defendió la posición oficialista: "No vengamos aquí a discutir sobre cuáles son los alcances...
Estamos valorando si la resolución de doña Yara está apegada a la normativa.
Y eso es así".
Además del caso Alvarado, la sesión incluyó intervenciones de control político sobre otros temas de alto impacto social.
La diputada Janice Sandí denunció la crisis del sector agrícola, señalando un aumento del 20% en fertilizantes y del 32% en el diésel, y reclamó un plan de contingencia del Ministerio de Agricultura.
El diputado Antonio Barzuna presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Garantía de Depósitos, en respuesta a los casos Coopeservidores y Aldesa, afirmando que "más de 1.400 millones de dólares en activos" se perdieron por "una muy mala administración con una pésima supervisión".
También se rindió un minuto de silencio por el oficial Gerson Rosales, asesinado en Limón, hecho que la diputada Kattia Calvo vinculó con la falta de "derechos humanos y derechos laborales" para los policías.
El ambiente general de la sesión pasó de una formalidad inicial a una confrontación abierta y prolongada.
Lo que comenzó con discursos de "ilusión" y unidad, como el del diputado Roberth Barrantes, derivó en una tarde de acusaciones cruzadas, donde el diputado Edgardo Araya señaló que "los que iban a hacer las cosas diferentes" estaban "pagándole el favor a Fabricio Alvarado por haberle salvado a Chaves de que le levantaran la inmunidad".
La resolución final dejó al descubierto una profunda fractura: la mayoría oficialista impuso su criterio legalista, mientras un bloque de 24 a 25 diputados, incluyendo a varias mujeres del oficialismo y la oposición, denunció un acto de impunidad.
La sesión se levantó a las 18:26 horas sin que se resolviera el fondo del caso Alvarado, quedando este en manos de la vía penal ordinaria.
