La sesión ordinaria N.º 11 del 18 de mayo de 2026, que inició con 51 diputados presentes, estuvo dominada por la discusión y aprobación en primer debate del proyecto de Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), expediente 24.009, que busca crear un marco legal para que el sector privado invierta en infraestructura pública como carreteras, hospitales y puertos.
La votación final fue de 47 votos a favor y 7 en contra, aprobándose el primer debate, aunque varias fracciones anunciaron que el proyecto sería retrotraído a comisión para corregir lo que consideraron serios vicios de constitucionalidad y riesgos de corrupción.
El acta también registró la presentación de un proyecto para fortalecer la Junta de Protección Social, una solicitud de retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para adultos mayores, y la defensa de Israel por parte de una diputada.
El debate más extenso se centró en el proyecto APP, donde el diputado José María Villalta (Frente Amplio) advirtió que el texto crea un "ornitorrinco jurídico": un ente público no estatal llamado Anapp, que quedaría exento de controles clave como la aprobación de presupuestos y contratos por parte de la Contraloría General de la República.
"¿Cómo no va a haber una fiscalización? Estamos hablando de contratos que pueden comprometer bienes públicos durante decenas de años", señaló Villalta, quien también criticó que el proyecto asigna un 2% del impuesto a la propiedad de vehículos a esta nueva agencia, equivalente a unos 3.500 millones de colones, "mientras hay un desfinanciamiento brutal en comedores escolares".
En respuesta, el diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña admitió que la figura del ente "parece raro que se cree como una entidad de derecho público no estatal", pero anunció su voto favorable tras hacer una serie de interpretaciones para limitar su alcance, incluyendo su oposición a que se use para "privatizar la seguridad y vigilancia de un centro penitenciario".
Varias diputadas de distintas fracciones señalaron preocupaciones adicionales.
La diputada Sigrid Segura (Frente Amplio) detalló cinco aspectos críticos: "potenciales vicios de inconstitucionalidad", la desnaturalización de la contratación pública, problemas tarifarios que impactarían "el costo de la vida de las personas", inseguridad jurídica y la necesidad de armonizar con el marco normativo existente.
La diputada Joselyn Sáenz (Frente Amplio) alertó que "este proyecto no lo podemos aprobar a golpe de tambor", recordando los escándalos de corrupción como el caso Odebrecht y el Caso Diamante.
La diputada Claudia Dobles (Partido Progreso Social Democrático) también pidió mejoras específicas, señalando que la junta directiva del nuevo ente es "absolutamente política" y falta de "sociedad civil, academia, sector privado".
El diputado Antonio Trejos (Frente Amplio) enumeró al menos "diez graves problemas", incluyendo que el Estado podría quedar "hipotecado por hasta 50 años" y que se crea un "premio" a la iniciativa privada que "rompe la igualdad entre los oferentes".
A pesar de las críticas transversales, el proyecto se aprobó con el apoyo de las fracciones de Gobierno, la Unidad Social Cristiana y la mayoría de Liberación Nacional, cuyo jefe de fracción, Álvaro Ramírez, condicionó el voto a que "el proyecto se retrotraiga a comisión para poder hacerle las enmiendas del caso".
La diputada Esmeralda Britton (Unidad Social Cristiana) defendió el proyecto como "la reforma estructural que necesitamos", argumentando que el modelo de concesiones actual es inoperante.
El ambiente general fue de intenso debate técnico pero con un resultado favorable para el oficialismo, que logró avanzar la iniciativa pese a que incluso sus aliados reconocieron deficiencias, generando una dinámica de "aprobación condicionada" que deja la resolución de fondo para la siguiente etapa legislativa.
