La sesión ordinaria N.º 12 del 19 de mayo de 2026, con 54 diputados presentes al momento de las votaciones principales, estuvo dominada por el debate en torno a tres proyectos de alto impacto: la minería en Crucitas, el proyecto de "Ciudad Gobierno" y la reforma a las pensiones del sector público.
La jornada comenzó con un tono de aparente diálogo, cuando el diputado Jesús Calderón (PLN) celebró la reunión sostenida esa mañana entre la presidenta Laura Fernández y las fracciones, afirmando que "salimos medianamente satisfechos" y llamando a la mandataria a "no aflojar" en seguridad, listas de espera de la CCSS y generación de empleo.
Sin embargo, esa atmósfera se quebró rápidamente al pasar a la votación de los proyectos.
El punto más álgido fue la discusión del expediente 24.717, que busca legalizar la minería metálica sostenible en Cutris de San Carlos.
Las fracciones de oposición presentaron dos mociones de posposición para ganar tiempo y estudiar alternativas, como la "tokenización" del oro propuesta por la diputada Claudia Dobles, quien argumentó que la visita de campo prometida por Casa Presidencial para el 19 de junio debía preceder a cualquier votación.
"No se trata de bloquear, se trata de abrir un espacio para discutir alternativas", sostuvo el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.
No obstante, el bloque oficialista, con los votos de Pueblo Soberano y sus aliados, rechazó ambas mociones (29-25 primero, y 30-26 en la revisión), allanando el camino para que el proyecto continúe su trámite.
Posteriormente, el Plenario conoció el dictamen negativo de mayoría del expediente 24.099, que reforma la Ley de Contratación Pública para permitir la construcción de "Ciudad Gobierno".
El dictamen fue defendido por la diputada María Eugenia Román (FA), quien citó a la Contraloría General de la República advirtiendo que el proyecto "afecta no solo el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública...
sino todo el sistema de contratación pública al permitir seleccionar...
de manera directa, sin criterios de selección y sin posibilidad de recurrir".
El diputado Antonio Trejos (PLP) fue más allá: "esto huele a chorizo", sentenció.
A pesar de las advertencias sobre un eventual "portón a la corrupción", el Ejecutivo logró imponerse con 29 votos en contra del dictamen negativo, abriendo paso al dictamen de minoría que facilitaría la megaobra.
Algo similar ocurrió con el expediente 24.786 sobre topes a las pensiones del sector público: el dictamen negativo fue rechazado por 28-26, dando vía libre a una reforma que, según la diputada Vianey Mora (FA), "tiene roces de constitucionalidad" al pretender aplicar topes retroactivos sobre derechos adquiridos.
La sesión cerró con la aprobación unánime de dos acuerdos internacionales de transporte aéreo.
El acuerdo con El Salvador (53-0) generó un extenso debate de fondo, donde la diputada Joselyn Sáenz (FA) aprovechó para denunciar las violaciones a derechos humanos en ese país bajo el gobierno de Nayib Bukele: "más de ochenta y dos mil arrestos...
miles de detenciones arbitrarias sin el debido proceso".
Edgardo Araya (FA) reforzó la idea de que "no podemos quienes tenemos vocación democrática dejar de señalar sistemas como el salvadoreño, absolutamente autoritario".
En conjunto, la sesión evidenció un Plenario profundamente dividido, donde el Ejecutivo impuso su agenda legislativa sobre tres temas neurálgicos—minería, contratación pública y pensiones—con votos cerrados que dejaron a la oposición sin margen para frenar iniciativas que, según múltiples advertencias técnicas, enfrentan serios cuestionamientos de constitucionalidad y transparencia.
