La sesión plenaria ordinaria número 13, celebrada el 20 de mayo de 2026 con 52 diputados presentes, estuvo dominada por un fuerte debate de control político marcado por la confrontación entre el bloque de cuatro fracciones opositoras (denominado "bloque democrático") y el oficialismo.
La diputada Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) alertó sobre la posible "instrumentalización de la violencia" por parte del Ejecutivo para preparar el terreno para un eventual levantamiento de garantías individuales, citando a la presidenta Laura Fernández: "no lo quiero, no lo quiero, pero si llegamos a eso, habrá que hacerlo".
En contraste, varias diputadas denunciaron condiciones laborales precarias en puerto Caldera, donde estibadores "sobreviven bajo una serie de situaciones inhumanas" con salarios por debajo del mínimo y sin seguro social, según señaló Sigrid Segura (Frente Amplio).
El clima político se tensó particularmente en torno a la integración de las comisiones legislativas y el avance de proyectos clave.
El diputado Álvaro Ramírez (Liberación Nacional) calificó como una "decisión unilateral e impuesta" la conformación de comisiones por parte de la Presidencia del Congreso, advirtiendo que afecta la eficacia, la confianza y el "clima político" necesario para evitar la polarización de la administración anterior.
Por su parte, la diputada Diana Murillo (Liberación Nacional) denunció que el oficialismo "forzó el avance" del proyecto minero Crucitas pese a que la presidenta Laura Fernández había ofrecido diálogo, generando "confusión" y evidenciando "inconsistencia".
En ese contexto, la diputada Joselyn Sáenz (Frente Amplio) instó a los liberacionistas a "repensar sus posiciones" frente al proyecto de "armonización" que, a su juicio, "desmantela al ICE", recordando el legado histórico del Partido Liberación Nacional en la creación de esa institución.
En materia de reforma judicial, el diputado José Miguel Villalobos (liberacionista) realizó un llamado transversal para iniciar una reforma que prohíba la reelección indefinida de magistrados.
Propuso un periodo único de doce años sin reelección y solicitó a todas las fracciones "no reelegir a ninguno de los seis magistrados que vencen este año" como primer paso, destacando que solo un magistrado desde 1949 había sido rechazado en reelección (Fernando Cruz en 2012, aunque anulado por la Sala Constitucional).
En la misma línea, la diputada Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana) urgió a nombrar magistraturas suplentes de la Sala Constitucional, advirtiendo que la Sala enfrenta una carga de trabajo "quince veces más casos por habitante que Brasil" y que la inacción "oxida" la llave de la justicia constitucional, pues "los números no exageran y mucho menos mienten".
Durante la segunda parte de la sesión se dieron primera lectura a tres reformas constitucionales: la del expediente 24.620, que limita a catorce años el período de magistrados de la Corte Suprema y exige dieciocho años de ejercicio profesional; la del expediente 24.672, que establece un periodo máximo de ocho años (con posibilidad de una reelección) para el contralor y subcontralor generales de la República; y la del expediente 25.418, que modifica el procedimiento de aprobación de endeudamiento externo, distinguiendo créditos de inversión pública (que mantienen aprobación legislativa con dos tercios de los votos) y endeudamiento de apoyo presupuestario (que se aprobaría dentro del límite del presupuesto ordinario).
Estos proyectos fueron programados para segunda lectura el 28 de mayo de 2026.
El ambiente general de la sesión fue de intensa confrontación política, con el bloque opositor denunciando ruptura del diálogo y decisiones unilaterales por parte del oficialismo, particularmente en la integración de comisiones y el avance forzado de proyectos como Crucitas.
Sin embargo, también hubo espacio para propuestas de consenso, como el llamado a la reforma judicial y al nombramiento de magistrados suplentes, aunque estas iniciativas quedaron en tensión con la dinámica de bloqueo y desconfianza que predominó durante la sesión.
El contrapeso entre las fuerzas políticas se manifestó tanto en la crítica frontal como en la búsqueda de acuerdos puntuales, sin que se resolviera la contradicción entre el discurso de apertura del Ejecutivo y las acciones legislativas del oficialismo.
