La sesión plenaria ordinaria N.° 14 del 21 de mayo de 2026, con 51 diputados presentes al inicio, estuvo marcada por la discusión de varios proyectos de ley y la constante presencia de grupos ciudadanos en las barras del público, principalmente jóvenes y trabajadores que se manifestaban en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ante la inminente discusión del proyecto de "armonización eléctrica" que los opositores califican como un intento de privatización.
Durante el control político, la diputada Diana Murillo Murillo propuso una alternativa al proyecto de minería en Crucitas: la "tokenización" del oro, que consistiría en certificar digitalmente el oro subterráneo y venderlo en forma de tokens, permitiendo que el metal permanezca bajo tierra, se generen ingresos inmediatos y no se dañe el ambiente.
Según la diputada, el costo operativo se reduciría solo a seguridad y certificación, y la iniciativa podría implementarse en uno o dos años.
La diputada Claudia Dobles Camargo, por su parte, criticó datos presentados por el oficialismo sobre el costo del proyecto del tren eléctrico, afirmando que "el costo real del proyecto no es de ochocientos millones, el costo real del proyecto es de novecientos cuarenta y tres millones" e incluye solo el Capex, por lo que la tarifa eventualmente podría subir por encima de los mil doscientos colones estimados.
La diputada Cindy Murillo Artavia defendió el proyecto Agua para la Bajura en Guanacaste, calificándolo como una "deuda histórica" y atribuyendo su priorización de agua para consumo humano a la administración Chaves Robles.
El diputado Ronald Campos se solidarizó con los manifestantes por el ROP y pidió al Ejecutivo que les permita trabajar.
En la segunda parte, se aprobó en segundo debate el acuerdo de transporte aéreo entre Costa Rica y Chile (expediente 24.998) con 52 votos a favor, que moderniza el marco regulatorio entre ambos países, permitiendo códigos compartidos y mayor conectividad aérea.
Los diputados de oposición aprovecharon su intervención para, aunque apoyaban el acuerdo, hacer críticas más amplias al modelo de apertura comercial y reiterar su oposición a los proyectos que consideran privatizadores del ICE y del sistema eléctrico.
También se aprobó en segundo debate, con 53 votos, la Ley para el mejoramiento de la gestión del PANI (expediente 24.642), que busca reducir el tiempo de institucionalización de menores.
Diputadas del Frente Amplio, aunque respaldaron la iniciativa, denunciaron que no se le han dado al PANI los recursos humanos ni la flexibilidad presupuestaria para cumplir con esas nuevas funciones, y advirtieron sobre recortes a programas sociales como comedores escolares y becas.
La discusión del proyecto de Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (expediente 24.009) se suspendió tras recibir la consulta facultativa de la Sala Constitucional.
El Plenario aprobó también una sesión extraordinaria para el miércoles 27 de mayo de 2026.
El ambiente general de la sesión reflejó una tensión creciente entre el oficialismo y las fracciones de oposición, especialmente en torno a la agenda de privatización de servicios públicos.
La presencia constante de manifestantes en las barras, que fueron saludados explícitamente por varios diputados, marcó la jornada.
Si bien las votaciones finales fueron mayoritarias en los proyectos aprobados, el debate evidenció profundas diferencias políticas sobre el rumbo del país, particularmente en materia energética y de protección social.
La sesión concluyó con la repetición de una votación por inasistencia de un diputado, lo que generó críticas sobre la disciplina parlamentaria.
