La sesión ordinaria N.º 16 del 26 de mayo de 2026, con 46 diputados presentes al inicio, estuvo dominada por la discusión y votación en primer debate del expediente 23.414, la llamada "Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional", que movilizó a cientos de manifestantes tanto dentro como fuera del recinto legislativo.
La jornada arrancó con control político donde la diputada Janice Sandí (PLN) cuestionó el origen del proyecto, señalando que el texto original del Ejecutivo era "lesivo" para el ICE y las distribuidoras, y que si bien un texto sustitutivo (negociado en la legislatura anterior) era "menos lesivo", su fracción lo considera insuficiente.
En contraste, la diputada Nayuribe Guadamuz (Pueblo Soberano) defendió el proyecto como una "modernización" necesaria para la competitividad, acusando a la oposición de montar "una campaña de miedo".
El debate de fondo sobre la ley, que crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) —una nueva institución autónoma—, le quita al ICE el control del "cerebro eléctrico" (Docse) y abre el mercado a subastas de energía y exportación privada, fue intenso y se prolongó por horas.
Los opositores, encabezados por el Frente Amplio y Liberación Nacional, argumentaron que la ley generará un "tarifazo" para los hogares.
El diputado José María Villalta detalló seis razones técnicas, incluyendo la creación de un nuevo canon que se trasladará a las tarifas, la pérdida del beneficio que hoy generan las exportaciones del ICE para bajar el recibo de la luz, y el riesgo de colusión en las subastas.
"El proyecto de ley, de aprobarse, va a provocar un encarecimiento de las tarifas para los hogares costarricenses", afirmó Villalta.
Por su parte, los defensores, como el diputado Gonzalo Ramírez (PUSC), insistieron en que el proyecto no privatiza el ICE y que "modernizar no es privatizar, modernizar es preparar el país para competir", comparándolo con la apertura de telecomunicaciones que, según dijo, no destruyó al ICE.
El ambiente en el Plenario fue de alta confrontación, con interrupciones por "el orden" y denuncias cruzadas.
Se registraron incidentes en las barras del público, donde la diputada Vianey Mora denunció "insultos racistas contra personas indígenas" por parte de simpatizantes de Pueblo Soberano, mientras que la diputada Joselyn Sáenz reportó que un manifestante opositor fue trasladado al hospital tras "agresiones de las fuerzas policiales", calificándolo de "inaceptable".
La presidenta Yara Jiménez instruyó investigar ambos hechos y, para cumplir con la jornada laboral del personal, anunció que la sesión se levantaría tras la votación del proyecto.
Finalmente, con 51 diputados presentes, el expediente 23.414 fue aprobado en primer debate con 27 votos a favor (del oficialismo y aliados) y 24 en contra (de PLN, FA, PAC y otros).
Sin embargo, no alcanzó los 38 votos necesarios para un segundo debate inmediato, quedando pendiente de una futura votación para convertirse en ley.
La sesión evidenció un fuerte contrapeso entre un bloque oficialista que impulsó el proyecto como una "decisión valiente" para el futuro energético, y una amplia coalición opositora que lo calificó de "ley del tarifazo" y "desmantelamiento del ICE".
El debate, más que técnico, fue profundamente ideológico sobre el rol del Estado en la prestación de servicios públicos.
Al cierre, se votó una moción de plazo cuatrienal para el expediente 23.141 (Ley para Garantizar Derechos Laborales en Desalojos Rurales), que fue rechazada con 30 votos en contra, archivando así la iniciativa que buscaba proteger a familias en procesos de desalojo.
