La sesión plenaria ordinaria N.º 4, celebrada el 6 de mayo de 2026 con 52 diputados presentes, estuvo enteramente dedicada al segundo y último día de análisis del mensaje constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles, en el marco de la rendición de cuentas de su administración.
La jornada se caracterizó por un intenso debate donde las fracciones de oposición ofrecieron una visión crítica de la gestión, mientras que el oficialismo defendió los resultados obtenidos, en un ambiente que reflejó la polarización política del país.
Las intervenciones de la oposición, encabezadas por Liberación Nacional, el Frente Amplio y otros partidos, se centraron en denunciar lo que consideran omisiones y debilidades del informe presidencial.
La diputada Ángela Aguilar (PLN) alertó sobre un "deterioro silencioso" de las finanzas públicas, señalando que el superávit primario cayó un 55% y que la deuda pública repuntó al crecer 6.65% en 2025, lo que, según dijo, a partir de 2027 impedirá ajustar pensiones y salarios por costo de vida.
Por su parte, el diputado Marco Badilla (PLN) cuestionó la política de seguridad, afirmando que la tasa de homicidios subió de 654 en 2022 a 873 en 2025 y que se registraron 140 femicidios durante la administración, datos que acusó al Ejecutivo de omitir.
Varios oradores, como Salvador Padilla (PAC), José María Villalta (FA) y Antonio Trejos (FA), coincidieron en denunciar un supuesto "ataque sistemático a la institucionalidad", incluyendo al Poder Judicial, la prensa y los órganos de control, mientras que la diputada Sigrid Segura (FA) calificó el mensaje presidencial como un "cuento" y una "selección parcial de datos", mencionando la precarización laboral y la crisis del agro.
El oficialismo, a través del Partido Pueblo Soberano, defendió los logros de la administración Chaves.
La diputada Marta Esquivel destacó avances en infraestructura de salud, como la formación de 2.971 plazas de residentes en 2025 y la implementación del sistema ERP-SAP en la CCSS.
La diputada Cindy Blanco celebró la reducción de la pobreza del 23% al 15.2%, atribuyéndola a una política de "enseñar a pescar" con el programa IMAS Impulsa.
El diputado Gerald Bogantes resaltó la caída del desempleo a un mínimo histórico del 5.7% y la capacitación de 380.000 personas a través de la estrategia "Brete".
La diputada Kattia Calvo, de Limón, defendió la gestión y afirmó que el 77% de la población apoya al presidente, atribuyendo el aumento de la violencia al "Poder Judicial roto" y no al Ejecutivo.
El cierre de la sesión estuvo marcado por la aprobación de una moción para levantar la sesión antes de la hora reglamentaria, con 56 votos a favor.
El ambiente general fue de confrontación directa, con acusaciones cruzadas sobre la veracidad de los datos y la salud de la democracia costarricense, evidenciando la fractura entre el bloque de oposición y el oficialista, que cuenta con una mayoría que respaldará al nuevo Gobierno de Laura Fernández.
Las fuerzas de oposición, aunque minoritarias en número, mantuvieron un discurso crítico y ofrecieron colaboración en proyectos de bienestar, pero advirtieron que se opondrán a cualquier intento de debilitar las instituciones.
