La sesión plenaria ordinaria N.° 5 del 7 de mayo de 2026, con 56 diputados presentes, estuvo marcada por un clima inusualmente constructivo y de búsqueda de consensos, a solo un día de la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández.
La jornada se caracterizó por un llamado generalizado al diálogo y a la superación de la confrontación partidista, materializado en la aprobación unánime de tres proyectos de ley de alto impacto social.
El hecho más relevante fue la aprobación en segundo debate, con 57 votos a favor, del expediente 24.808, que reforma la ley orgánica del Ministerio de Cultura y Juventud.
La iniciativa, calificada como un "tratamiento permanente" para el sector cultural, establece habilitaciones legales para coproducciones con artistas, el arrendamiento de espacios patrimoniales en desuso y la generación de ingresos propios para los órganos desconcertados del ministerio.
El diputado Antonio Trejos destacó que la ley "rompe la lógica perversa del salario global" y permite que el Estado pueda colaborar con producciones artísticas, descentralizando la gestión.
A su vez, en primer debate, se aprobó por unanimidad el expediente 24.642, que reforma la gestión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), priorizando la desinstitucionalización de menores y el fortalecimiento del acogimiento familiar.
La diputada Abril Gordienko subrayó que el proyecto establece que "la separación de una persona menor de edad de su familia debe ser una medida excepcional", mientras que el diputado José María Villalta recordó que "un niño o una niña encarcelada es una derrota para nuestra sociedad".
En el espacio de control político, emergieron dos polémicas que enfrentaron al Parlamento con el Ejecutivo saliente.
La diputada Ángela Aguilar (PLN) denunció que el presidente Rodrigo Chaves y la ministra Laura Fernández vetaron el proyecto de ley que habría ajustado las pensiones de "treinta mil personas jubiladas del régimen del Magisterio Nacional", calificando la acción como "empobrecimiento sistemático de quienes construyeron la educación pública".
Por su parte, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio) alertó sobre la inacción ante la minería ilegal en Crucitas y Conchuditas, señalando que "las pilas de cianuro quedan ahí" después de los operativos policiales, y denunció una presunta corrupción en las fuerzas de seguridad que cobrarían un "diezmo" a los coligalleros.
Estas intervenciones contrastaron con el tono mayoritario de la sesión, donde fracciones como la de Nogui Acosta (oficialismo) y la de Iztarú Alfaro (PLN) abogaron por "entender que nuestra responsabilidad es con los costarricenses" y por "dejar a un lado los temas políticos y partidarios" para aprobar iniciativas de beneficio nacional.
El ambiente general de la sesión fue de un inédito contrapeso y cooperación entre fuerzas políticas, donde las diferencias no impidieron la aprobación de leyes con consecuencias materiales tangibles.
Mientras el oficialismo convocó proyectos clave y llamó a construir mayorías, la oposición —liderada por Liberación Nacional y el Frente Amplio— ofreció una "oposición directa pero cordial", sin bloqueos sistemáticos.
La sesión demostró que, pese a las denuncias de corrupción y los vetos presidenciales, predominó una voluntad de diálogo que permitió avances concretos en cultura, protección de la niñez y actualización de la ley de drogas, sentando un precedente de gobernabilidad para la nueva administración.
