La sesión plenaria ordinaria N.º 7 del 11 de mayo de 2026, con 55 diputados presentes al inicio, estuvo marcada por la aprobación unánime de tres empréstitos internacionales que suman más de 1.200 millones de dólares, en una jornada que combinó el trámite legislativo expedito con un intenso debate de control político y la definición del procedimiento para resolver el caso de hostigamiento sexual contra un exdiputado.
En el centro de la sesión estuvieron los tres créditos, todos aprobados con 56 votos a favor y cero en contra.
El primero, por 350 millones de dólares con el Banco Mundial (BIRF), financiará el programa de reconstrucción y desarrollo territorial resiliente al clima, con 58 obras en zonas gravemente afectadas por huracanes e inundaciones, como la cuenca del río Coto Colorado en la Zona Sur, la ruta 32 y comunidades de Limón y Guanacaste.
Varios diputados, como Ariel Mora y Norjelens Lobo, destacaron que estas comunidades han esperado décadas por obras de protección.
El segundo, por 134,7 millones de euros (BIRF y FIDA), se destinará a un programa de agricultura sostenible y competitiva para pequeños y medianos productores, con énfasis en mujeres y jóvenes.
El tercero, por 800 millones de dólares (BCIE y BEI), financiará la construcción de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana, con 52 km de vía electrificada y 30 estaciones.
Todos los proyectos fueron defendidos desde distintas bancadas, pero también recibieron advertencias sobre la necesidad de vigilancia.
La diputada Claudia Dobles alertó que “la tarifa de 1.500 colones dejaría por fuera a miles de costarricenses”, mientras que Antonio Trejos señaló que la tasa de interés variable (SOFR) “puede transformar el 6,9% en un 14%” y que el proyecto “no es perfecto” pero “el peor proyecto es el que no se hace”.
La diputada Abril Gordienko, en su discurso incorporado al acta, advirtió que el costo del pasaje “es excesivamente alto para la gran mayoría” y que “si no se relanza la sectorización de líneas de buses, podríamos condenar el proyecto a ser un elefante blanco”.
El espacio de control político estuvo dominado por la denuncia de la diputada Vianey Mora sobre la detención de dos jóvenes durante el traspaso de poderes del 8 de mayo, por portar una bandera de Palestina.
“Se les dijo que guardaran la bandera… fueron esposadas y detenidas por más de doce horas”, afirmó, y cuestionó que se permitieran otras banderas como la confederada.
“Revisémonos… no puede ser que por quedar bien con algunos gobiernos amigos se quiera reprimir a nuestros compatriotas”.
También hubo intervenciones de bienvenida de nuevas diputaciones, como Karen Alfaro, quien planteó su compromiso con “construir puentes” y advirtió que “la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de prensa no son obstáculos, son pilares de nuestra democracia”.
La sesión incluyó además la decisión de la Presidencia de remitir a cada diputado, en sobre sellado, el expediente del caso de hostigamiento sexual (expediente 25.400), con el compromiso de resolverlo a la brevedad.
La diputada Joselyn Sáenz recordó que “la debida diligencia incluye dar una respuesta a la denunciante”, mientras que José María Villalta aclaró que el plazo de tres meses del reglamento “es un plazo ordenatorio” y “no genera nulidad”.
El ambiente general de la sesión fue de cooperación institucional, con un contrapeso real entre las fuerzas políticas que se expresó en discursos de apoyo condicionado a los empréstitos, pero también en críticas y advertencias sobre ejecución, transparencia y tarifas.
La mayoría de diputados, de todas las fracciones, coincidieron en que estos proyectos eran urgentes para el país, pero insistieron en que la labor de fiscalización apenas comenzaba.
La jornada, que se extendió hasta pasadas las ocho de la noche, reflejó un Parlamento que, pese a las diferencias, logró consensos sustantivos en temas de infraestructura, desarrollo rural y movilidad, mientras mantenía viva la discusión sobre derechos humanos y rendición de cuentas.
