La sesión ordinaria N.º 9 del 13 de mayo de 2026, con 50 diputados presentes al inicio, estuvo dominada por un intenso debate sobre la crisis del sistema de salud y seguridad social costarricense, así como por la discusión de tres reformas constitucionales.
La diputada Iztarú Alfaro expuso con crudeza la tragedia de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirmando que “en 2025 murieron más de dos mil pacientes en lista de espera” y que “doscientas seis mil personas aguardan por una cirugía”.
El diputado José María Villalta reforzó esta denuncia al señalar que la crisis de las pensiones está agravada por “la vergonzosa deuda del Estado”, que asciende a “más de un billón de colones”.
Como contrapunto, el diputado Álvaro Ramírez (PLN) propuso la creación de una “comisión especial mixta para el futuro de la CCSS”, que incluya a empleadores, trabajadores y expertos internacionales, para trazar una ruta de modernización que garantice la sostenibilidad de la institución.
En el plano de la infraestructura y el transporte, el diputado Stephan Brunner defendió el proyecto del tren rápido de pasajeros, aprobado el lunes anterior, asegurando que la tarifa será “entre setecientos y novecientos colones”, similar a la del tren actual, y desmintió que se hayan eliminado pasos de nivel masivamente.
La diputada Kattya Mora (oficialismo) celebró la aprobación unánime de los créditos por más de 1.328 millones de dólares para el tren, el sector agrícola y la resiliencia climática, y criticó a la oposición por construir “un relato completamente desconectado de la realidad”.
En contraste, el diputado Gonzalo Ramírez advirtió que “Costa Rica no puede seguir dependiendo de préstamos” y abogó por las alianzas público-privadas como alternativa para financiar obra pública, citando el expediente 24.009 que se discutirá próximamente.
La sesión también registró denuncias concretas sobre violaciones de derechos laborales.
La diputada Vianey Mora señaló que en Puerto Caldera las empresas concesionarias pagan a los estibadores “de forma grupal, no con un salario individual”, violentando el decreto de salarios, y que “estas empresas pagan los tiempos extraordinarios como ordinarios”.
Instó al Ministerio de Trabajo a dar seguimiento a la mesa técnica y a solicitar asistencia de la OIT.
Por su parte, la diputada Claudia Dobles vinculó la violencia social, ejemplificada por un incidente fatal en Cartago, con la frustración generada por la falta de empleo formal, la informalidad y el deterioro del transporte público, llamando a “hablar de aportes solidarios al financiamiento del transporte público”.
El ambiente general de la sesión fue de alta tensión entre la crítica profunda a las instituciones del Estado —especialmente a la CCSS— y la defensa gubernamental de los avances en infraestructura y gestión fiscal.
Se evidenció un contrapeso real entre las fuerzas políticas: mientras el oficialismo celebraba los resultados de la administración saliente de Rodrigo Chaves y la actual de Laura Fernández, la oposición señalaba la crisis sanitaria y la deuda estatal como fallas estructurales no resueltas.
La jornada incluyó la primera lectura de tres proyectos de reforma constitucional: uno para permitir candidaturas independientes (expediente 25.277), otro para regular la reelección de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (25.387) y un tercero para flexibilizar el endeudamiento público (25.418), cuya lectura quedó inconclusa por el cierre reglamentario de la sesión a las 17:00 horas.
